Demandan revisar derechos humanos en caso Salaverna
Ciudades
Nallely de León Montellano
Mediante comunicado, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZ), exhortó a las autoridades a revisar los antecedentes del conflicto de la comunidad de Salaverna, el cual está en proceso de litigio hace más de diez años, además de que, recientemente el delegado de esa comunidad, Roberto de la Rosa Dávila y su hijo fueron objeto de criminalización.
Cabe destacar que éste último hecho se debe a reciente denuncia en contra de Roberto de la Rosa y su hijo por “amenazas hacia uno de los trabajadores de Ocampo Mining”, la cual, a diferencia de las denuncias de los pobladores de Salaverna, por violación de sus derechos humanos, ha trascendido de manera rápida en las instancias judiciales.
En este sentido, refirieron que desde 2014 las denuncias impulsadas por la comunidad no han tenido el seguimiento correspondiente, además de que existen otras demandas desde 2010 y 2011.
Específicamente se dio a conocer que existe la violación al derecho de los pobladores a una vivienda digna, comunidad segura y a no ser desalojados de sus hogares y tierras.
Del mismo modo, precisaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), declaró que en Salaverna fue violado el Estado de Derecho.
Quienes suscriben resaltaron que durante este tiempo, se han vulnerado los derechos de los campesinos de este poblado y destacan el bloqueo constante a que estas personas dispongan de un desarrollo libre y sin discriminación, negándoles el reconocimiento de su personalidad jurídica.
Para precisar, explicaron que el conflicto se debe a la intención de la empresa Ocampo Mining, filial de minera Frisco, que pertenece a Carlos Slim Helú, de cambiar la mina subterránea Tayahua por una de cielo abierto, lo que a lo largo de 10 años ha ocasionado el desplazamiento forzado de sus pobladores, así como la destrucción de viviendas, la escuela y la iglesia de la comunidad.
De igual manera, reprocharon que con la destrucción de la escuela y la iglesia se haya negado el derecho a recibir educación, así como servicios religiosos, lo que incluye el acceso al pensamiento, conciencia, opinión y expresión.
Finalmente, reiteraron la exigencia de que se transparente el proceder de las autoridades federales y estatales, efectuando la revisión del caso Salaverna a detalle para salvaguardar el respeto a los pobladores de la comunidad, así como el Estado de Derecho.
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