Redacción
“Los procesos de entrega-recepción representan un mecanismo de rendición de cuentas para informar el estado que guarda la gestión administrativa al momento de la entrega”, aseguró la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas.
Lo anterior, durante su participación en la mesa de diálogo Transparencia en los procesos de entrega-recepción, realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Después de realizarse la jornada electoral más grande de la historia, resta todavía la calificación de los procesos a cargo de las autoridades electorales; sin embargo, es un hecho que se efectuarán 2 mil 357 procesos de entrega-recepción que incluyen la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 924 ayuntamientos, entre otros, citó la funcionaria.
“Los momentos de entrega son proclives a la corrupción, donde se pueden perder o desaparecer bienes y recursos públicos. Se requieren procesos abiertos y sobre todo transparentes, donde la sociedad conozca y participe de manera informada, dando seguimiento y para exigir la rendición de cuentas, la continuidad en la información y la sanción, en el caso de que haya casos de corrupción o responsabilidades”, destacó la comisionada durante su intervención.
Los procesos de entrega–recepción, en cada una de las etapas que los integran deben ser transparentes de principio a fin, dijo; sin embargo, no se encuentra contemplado como tal en las obligaciones de transparencia, sea en la Ley General como en el caso de las leyes locales, por lo que el mecanismo idóneo para que se conozca por la ciudadanía es mediante la transparencia proactiva.
Por ello, recomendó a las autoridades implementar micrositios para dar seguimiento a todo el proceso de entrega–recepción en cada una de las gubernaturas, legislaturas locales, ayuntamientos y alcaldías, para que los ciudadanos puedan contar con información respecto al estado que guarda la administración al momento de la trasmisión del poder público, así como las acciones posteriores al respecto.
Del Río Venegas se pronunció porque los procesos se realicen de manera ordenada y pública, con el fin de que se cuente con la documentación suficiente para evaluar a la administración saliente y que la entrante cuente con un punto de partida para arrancar su gestión.
Los gobiernos de las entidades federativas deberán entregar finanzas por encima de los 720 mil millones de pesos, de acuerdo con los presupuestos aprobados a finales de 2020; de ahí la necesidad de otorgar herramientas a la ciudadanía para que pueda dar seguimiento a la transmisión no sólo de poder, sino de recursos.
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tiene información relacionada con los bienes muebles e inmuebles, como parte de las obligaciones de transparencia. San Luis Potosí cuenta con 14 formatos relacionados que cuentan con mil 506 vistas: los más buscados son los inventarios de bienes muebles (553 vistas); de bienes inmuebles (174 vistas) y altas practicadas a bienes muebles (160 vistas).
De la misma forma, dentro del buscador nacional se han consultado siete formatos que registran 145 vistas.
Del Río Venegas recomendó a las comisiones de entrega-recepción permanecer atentas para frenar y enfrentar los movimientos de último momento, ya sea permisos, concesiones, venta de vehículos, equipo, aumento de salarios y basificaciones, entre otros actos fraudulentos.
María José González Zarzosa, comisionada de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) destacó la necesidad de consolidar la transparencia y la rendición de cuentas como columna vertebral de la gobernanza.
En tanto, Carrasco Chávez aseguró que el verdadero protagonista en la vida pública no son las autoridades, sino los ciudadanos.