Suma irregularidades quinquenio de Alejandro Tello

Por Cristina Velasco

Las omisiones y gastos injustificados de funcionarios del ex gobernador Alejandro Tello, presuntos inculpados en irregularidades y omisiones, ascienden a una cartera vencida por 367 millones de pesos en diversos organismos gubernamentales, como la Secretaría de Economía, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la Juventud.

Así lo dio a conocer la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, quien informó que los procesos de esas presuntas faltas administrativas se se generaron al no dictar resoluciones en contra de ex funcionarios por dichas observaciones que en su momento fueron emitidas por instancias de fiscalización, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que superan 300 millones de pesos.

De igual manera, el subsecretario de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Ángel Manuel Muñoz Muro expuso que se decidió separar del cargo a dos funcionarios públicos que hasta hace algunos días laboraban dentro del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y en el Ayuntamiento de Zacatecas.

Muñoz Muro explicó al respecto que existen múltiples préstamos otorgados a diferentes ciudadanos “sin que se cobraran o existiera una intención de cobro en ellos”.

Así por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social prestó y no cobró 72 millones 882 mil 157 pesos, mientras que en la Secretaría de Economía, la suma fue de 235 millones 766 mil 199 pesos dentro del Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas, en la Secretaría de las Mujeres la suma ascendió a 49 millones 909 mil 174.34 pesos y el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, omitió recuperar 8 millones 671 mil 980 pesos, de acuerdo con lo que añadió al respecto el subsecretario de Control de la Secretaría de la Función Pública, Víctor Hugo Hernández Reyes.

Los funcionarios serán investigados debido a que no se realizaron acciones de cobranza y tampoco se vieron los apoyos en cuanto a la realización de los proyectos autorizados.

Los diez servidores públicos involucrados como probables responsables tienen la posibilidad de ser escuchados y pueden aportar pruebas para demostrar su inocencia.