Nallely de León Montellano
Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) emitió su segundo informe de gobierno, correspondiente a 2021, en el que destacó que Zacatecas es “el estado con menor índice de impunidad a nivel nacional”, además de que en esa instancia trabajan en 27 mil nuevos asuntos en total.
El magistrado presidente precisó que en 2021, 92 por ciento de las sentencias definitivas en materia penal fueron condenatorias, de las cuales 14% correspondieron al delito de robo; 13.6% a delitos sexuales; 11% a homicidio en sus diversas modalidades; 10% a secuestro; 10% a violencia familiar y 2.4% a feminicidios.
En este contexto, resaltó que 78 por ciento de estas sentencias fueron producto de salidas alternas, tales como procedimientos abreviados, acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales del proceso.
Mencionó que en materia familiar, 50% de los juicios son divorcios, en materia civil, 6.3% son sucesorios, 80% son por juicios ordinarios en materia laboral mientras que en materia mercantil son 98%.
Asimismo, refirió que durante el periodo que se informa, los centros de Justicia alternativa que operan en Fresnillo, Jerez y Zacatecas desahogaron un total de 3 mil 266 casos, de los cuales, mil 120 fueron en materia civil, mil 643 en materia familiar y 503 en materia mercantil.
De lo anterior, 640 asuntos fueron resuelto a través de convenio mientras que 380 más obtuvieron resolutivo a través de medios alternos.
De igual manera, mencionó que durante 2021 el órgano jurisdiccional recibió 147 asuntos, de los cuales 72 ya fueron resueltos y mil 427 declaraciones de situación patrimonial e interés mediante un sistema electrónico desarrollado por el mismo Poder Judicial.
Por otro lado, dio a conocer que presentará una iniciativa de reforma a la ley orgánica cuyo principal objetivo es recuperar la confianza de la ciudadanía, por lo que aseguró que “la reforma que propondremos es de un profundidad y trascendencia histórica”.
Expuso que como parte de los principales principios a observar, promover y aplicar será el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación, legalidad y honradez entre otros.
“Las magistradas y magistrados que integran el pleno, no sólo tendrán funciones jurisdiccionales sino también algunas de carácter administrativo para evitar la creación de un nuevo organismo que le represente al estado más burocracia y más gasto, como ocurre en otras entidades”, mencionó.
En materia económica resaltó que, el presupuesto asignado al Poder Judicial para este ejercicio asciende a 550 millones 505 mil 384 pesos, cantidad insuficiente para cubrir el pago de los exiguos salarios e impuestos de los mil 116 servidores públicos que integran el Poder Judicial, así como el pago de servicios e insumos como luz, agua, teléfono, combustible, papelería, vigilancia y rentas.
Por su parte, el gobernador del estado, David Monreal Ávila llamó al Poder Judicial a actualizar y trabajar conforme a las condiciones que establece la realidad de salud y seguridad en el estado.
Asimismo, añadió la importancia de que los magistrados, así como el resto del personal del poder judicial estén capacitados mediante una carrera judicial escolarizada, lo cual permitirá al órgano jurisdiccional ajustarse a la dinámica social a nivel local y nacional.